La Fiscalía General de la Nación solicitó varias restricciones y medidas de protección para frenar la acelerada pérdida de bosque nativo y las quemas en los parques naturales Tinigua y Los Picachos, entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare,  como parte de la mayor intervención contra la deforestación provocada por la ganadería extensiva y los proyectos agrícolas en la Amazonía colombiana.

La petición la hicieron fiscales ante jueces de garantías de Florencia y Cartagena del Chairá (Caquetá), durante las audiencias de judicialización de 20 personas que habrían invadido la zona de reserva y, en cinco años, acabaron con algo más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar actividades agropecuarias.

La contundencia de los elementos probatorios y los argumentos presentados por los fiscales adscritos a la Dirección contra las Violaciones a los Derechos Humanos, fueron suficientes para que los jueces impartieran órdenes a diferentes instituciones con el propósito de restablecer los derechos de los parques naturales de la Amazonía y garantizar su conservación.

La Fiscalía les formuló cargos a los 20 capturados durante las diligencias cumplidas en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia, en Los Picachos y Tinigua.

Egidio Guillén Tabares, Esteban Medina, Israel Patiño Buitrago y Yadira Ordóñez, detenidos con orden judicial, fueron imputados por invasión de áreas de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio, este último delito relacionado con las quemas hechas para despejar el terreno y habilitarlo para la ganadería. Estas personas recibieron detención domiciliaria.

Los otros 16 capturados en situación de flagrancia fueron imputados por invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los jueces les impusieron medidas no privativas de la libertad, seguirán vinculados a la investigación y no podrán salir del país, entre otras restricciones.